Mediante un informe oficial de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC), se confirmó que el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACIT/IHCIETI), bajo el mandato del ministro, Luther Castillo Harry incurrió en múltiples irregularidades en la licitación pública nacional para la compra de 496 computadoras portátiles, por un monto de 12.5 millones de lempiras.
Lo que inicialmente fue una denuncia pública presentada por ICN Investiga, terminó siendo validado por la investigación oficial del gobierno. La adjudicación del contrato se otorgó a una empresa sin experiencia en tecnología, dedicada principalmente a obras civiles, con un historial que apenas data de 2022 y cuyo mayor proyecto había sido la remodelación del Congreso Nacional.
El proceso mostró serias fallas desde el inicio. La empresa ofertó laptops con precios hasta un 91.9 % más altos que los de sus competidores, pero se le adjudicó el contrato argumentando un plazo de entrega de 20 días, mientras otros oferentes ofrecían 60. Sin embargo, en los criterios de evaluación no se asignó puntaje por rapidez, y no hubo justificación técnica para la urgencia. Además, el estudio de mercado incluyó cotizaciones de empresas sin relación geográfica con el proyecto y la demanda de equipos fue inflada, comprando más de lo necesario.
La comisión evaluadora estuvo mal integrada, con un miembro sin acreditación formal, y no se registraron controles preventivos ni supervisiones colectivas durante el proceso. A pesar de los ataques públicos del secretario del Castillo contra la investigación, la Secretaría de Transparencia presentó pruebas que desmienten su defensa.
El informe concluye que la adjudicación violó la ley de contratación del Estado, el presupuesto y el código de ética del servidor público. Se destaca la falta de experiencia tecnológica de la empresa, posible sobrevaloración de precios, plazos sin justificación, evaluación irregular, estudio de mercado inválido, compra innecesaria de equipos y ausencia total de controles internos.
Actualmente, la Secretaría de Transparencia ha trasladado el caso al Tribunal Superior de Cuentas para que investigue posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Este caso refleja la falta de controles, la improvisación y la opacidad que persisten en la gestión pública de Honduras.
Finalmente, la investigación evidencia la gravedad del caso y la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y transparencia en las compras estatales para evitar que situaciones similares se repitan.
