El titular de la Secretaría de Trabajo, Fernando Puerto, reveló que, luego de la aprobación de la Ley de Empleo Parcial en medio de fuertes expectativas, apenas se han registrado alrededor de 100 contratos bajo esta modalidad, correspondientes a unas 50 empresas a nivel nacional.
La cifra contrasta el impulso con el que el Congreso Nacional aprobó la normativa en marzo pasado, presentada entonces como una herramienta clave para formalizar el empleo en el país.
El funcionario hizo un llamado directo a los empleadores para que registren sus contratos a través de la plataforma digital habilitada por la Secretaría de Trabajo, y advirtió que aquellos contratos que no sean debidamente inscritos serán considerados legalmente como contratos de tiempo completo, con todas las obligaciones patronales que esto implica.
La Ley de Empleo a Tiempo Parcial (Decreto 45-2026) fue publicada en La Gaceta el 30 de marzo de este año, luego de ser aprobada por el Congreso Nacional con el respaldo de cuatro fuerzas políticas: Partido Nacional, Partido Liberal, Democracia Cristiana y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata y la oposición de la bancada mayoritaria.
La normativa nació con el objetivo de sustituir el vacío legal dejado por la derogada Ley de Empleo por Hora, vigente hasta 2022, y busca ofrecer una vía formal para quienes solo pueden o desean trabajar jornadas reducidas, como estudiantes, personas con responsabilidades de cuidado o sectores con demanda laboral variable.
La ley establece jornadas de entre 18 y 32 horas semanales, garantiza a los trabajadores acceso proporcional a derechos laborales y de seguridad social: incluida la afiliación al IHSS, RAP e INFOP, y exige que los contratos consten por escrito y se registren ante la Secretaría de Trabajo dentro de un plazo determinado tras su firma.
La normativa también prohíbe de forma expresa que las empresas despidan a personal de jornada completa para recontratarlo bajo esta modalidad con el fin de reducir costos, una práctica que la ley cataloga como «simulación de contrato a tiempo parcial» y que puede derivar en la nulidad del contrato y sanciones económicas para el empleador.
Precisamente ese mecanismo de control es el que ahora cobra relevancia con el llamado de Puerto: si una empresa no registra el contrato de un trabajador a tiempo parcial, la ley presume que se trata de una relación laboral de tiempo completo e indefinida, lo que obligaría al empleador a reconocer todos los derechos y beneficios correspondientes a esa condición, incluyendo posibles reclamos retroactivos.
Con apenas 100 contratos registrados en unas 50 empresas a más de tres meses de la entrada en vigencia de la ley, el balance presentado por el ministro de Trabajo deja en evidencia una brecha entre la expectativa generada durante su aprobación, cuando se proyectaba como una herramienta para generar miles de empleos formales y su adopción real por parte del sector empresarial hondureño.
