El director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, lanzó un duro cuestionamiento a la gestión del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), señalando que resulta injustificable que la institución, con un presupuesto que este año supera los mil millones de lempiras, únicamente haya remitido cinco expedientes por enriquecimiento ilícito al Ministerio Público en los últimos cuatro años.
Aguilar fue claro al señalar que el problema no es de recursos sino de voluntad. «El país cuenta con la institucionalidad, el marco legal, los funcionarios y los recursos necesarios para combatir la corrupción, pero lo que hace falta es voluntad política y una adecuada planificación», afirmó el representante de la ASJ.
Según Aguilar, el TSC ha experimentado un deterioro institucional sostenido durante la última década, evidenciado en la escasa cantidad de auditorías realizadas, la falta de criterios claros para fiscalizar los recursos públicos y el limitado envío de responsabilidades penales, civiles y administrativas a las instancias correspondientes. El presupuesto de la institución rondaba los 500 millones de lempiras anuales y este año fue duplicado, sin que ese incremento se haya traducido en mejores resultados.
Aguilar también advirtió que la recién aprobada Estrategia Nacional Anticorrupción aún no es operativa, debido a que el comisionado presidencial encargado de coordinarla no ha logrado articular el trabajo entre las distintas instituciones de control del Estado. Más allá del TSC, el representante de la ASJ señaló que el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Procuraduría General de la República también deben asumir un papel más activo para que el sistema anticorrupción produzca resultados concretos.
Uno de los efectos más tangibles de estas debilidades institucionales es que Honduras continúa sin acceder a los fondos de la Cuenta del Milenio, recursos no reembolsables destinados al desarrollo que el país no puede aprovechar debido a sus deficiencias en transparencia, compras públicas y fortalecimiento institucional. Aguilar señaló que para revertir esta situación el país necesita mejorar sus mecanismos de control, profesionalizar la administración pública y garantizar la aplicación imparcial de la ley.
Como referente positivo, Aguilar destacó el sistema de compras públicas de República Dominicana, donde una entidad independiente administra las contrataciones mediante herramientas tecnológicas que reducen significativamente los riesgos de corrupción. En contraste, Honduras sigue atrapada en el clientelismo, la improvisación y la falta de independencia institucional, factores que, según la ASJ, impiden avanzar en la lucha contra la corrupción pese a contar con los instrumentos legales para hacerlo.
