El Gobierno de Honduras llevará a cabo la subasta pública del avión presidencial Embraer Legacy 600, destrabando así una gestión que la administración de Xiomara Castro dejó inconclusa pese a haberla prometido durante su campaña electoral.
Las ofertas serán recibidas en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, y la jornada concluirá a las 4:00 de la tarde.
El secretario de Finanzas, Emilio Hércules, explicó que se trata de una subasta pública donde el precio se definirá con la mejor oferta.
«Esta es una subasta pública, entonces el costo se va a definir con el que mejor ofrecerá y cuál le conviene más al país», indicó.
Siete empresas, entre nacionales y extranjeras, han mostrado interés en participar en la compra del jet, información confirmada por el propio secretario de Finanzas.
El avión, con matrícula FAH-001, fue adquirido en 2014 durante la administración de Juan Orlando Hernández a un costo de 14.8 millones de dólares, equivalente a casi 300 millones de lempiras según el tipo de cambio de la época.
Su compra estuvo rodeada de polémica desde el principio: el gobierno de Hernández aseguró inicialmente que se trataba de una donación de Taiwán, sin embargo una investigación periodística reveló que los fondos provenían de la Tasa de Seguridad.
Además, el convenio original contemplaba la adquisición de aeronaves militares, helicópteros y 40 ambulancias, pero el gobierno sustituyó esa ayuda por el lujoso jet presidencial.
Vender el avión fue una de las promesas de campaña de Castro para llegar al poder. Sin embargo, su administración no solo no concretó la venta, sino que destinó más de 64 millones de lempiras al mantenimiento y pintado del aparato, asignándolo posteriormente a la Fuerza Aérea Hondureña.
La falta de documentación fue la justificación oficial, aunque un exdirector de Bienes del Estado de ese gobierno reconoció que existían vías legales para concretar la operación.
El presidente Asfura ha sostenido que los recursos obtenidos por la venta de la aeronave serán destinados a áreas prioritarias como salud y educación.
Para garantizar la transparencia del proceso, se integró un Comité de Subasta y Veeduría coordinado por la Dirección Nacional de Bienes del Estado, con participación de delegados de la Secretaría de Defensa y representantes del Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General de la República como invitados de ley.
