En un clima político tenso y de corrupción, El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reveló una lista de diputados del Partido Liberal, que presuntamente habrían solicitado asignaciones millonarias del Fondo Social Comunitario.
Estas solicitudes se habrían canalizado a través de instituciones ejecutoras como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría General de Justicia y Derechos (SGJD) y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
Redondo publicó en redes sociales documentos que incluyen solicitudes y cheques relacionados con estas asignaciones, con montos que van desde 1.5 millones hasta más de 13 millones de lempiras.
Entre los diputados señalados en la lista se encuentran: Nasser Gabriel Rodríguez Urquía (suplente), Tibdeo Ricardo Elencoff Martínez (propietario), Mayra Rosibel Pavón Umanzor (propietaria), Yahvé Salvador Sabillón Cruz, Alberto Emilio Cruz Zelaya, Gloria Argentina Bonilla Bonilla, Valeska Yamileth Valenzuela Chávez, Norma Aracely Aguilar Chacón, Cristian Josué Hernández Saavedra, Marlin Joel Peraza Sarmiento, Allan Edgardo Cárcamo Ramírez, Kathia Marcela Crivelli Ramírez, Mauricio Orlando Rivera López, Ernesto Salomón Lezama Dávila, Mario Edgardo Segura Aroca, Pablo Humberto Carrasco Ascencio, Jorge Luis Cálix Espinal, Karla Melissa Euceda Fúnez, Erika Corina Urtecho Echeverria, Rumy Nahyp Bueso Meza, Raymond Samuel Cherington Johnson, José Rosario Tejeda Tejeda, Marco Tulio Rodríguez Gavarrete, Mario René Henríquez Pineda, Héctor Vidal Cerrato Zelaya, Víctor Rolando Sabillón Sabillón, José Armando Amaya Castillo y Leonel López Orellana.
Además, en la lista figuran diputados suplentes y propietarios que habrían gestionado montos que en algunos casos superan los seis millones de lempiras, destinados a proyectos de desarrollo departamental y comunitario.
La publicación ha generado controversia, debido a que muchos de estos diputados han sido críticos del manejo de fondos públicos en otras ocasiones. Sin embargo, ahora aparecen como solicitantes y beneficiarios de recursos para diversos proyectos, lo que ha puesto en duda la coherencia de sus posturas políticas.
Algunos de los diputados mencionados, incluido Jorge Cálix, han rechazado públicamente haber recibido dichos fondos. Cálix incluso retó a Luis Redondo a mostrar cheques o documentos que prueben la entrega de recursos a su nombre o a terceros relacionados.
Finalmente, el caso ha abierto un debate sobre la transparencia y el manejo de los recursos públicos asignados a proyectos sociales, quedando a la espera la presentación de pruebas documentales que confirmen o desmientan las acusaciones hechas por el titular del Congreso Nacional.
