Mediante un contundente pronunciamiento, la Red Hondureña de Educación Financiera (REHEF) instó al gobierno a redirigir los recursos estatales hacia los verdaderos motores de la economía popular, en especial los pequeños emprendedores y trabajadores del sector informal, al tiempo que pidió eliminar el uso político de los fondos públicos que, según denuncias recientes, continúan siendo manejados de forma discrecional por instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
La organización lamentó que, mientras Honduras enfrenta una nueva ola de escándalos por corrupción y desvío de fondos estatales, los sectores más vulnerables siguen sin recibir apoyo real para salir del ciclo de pobreza.
“Cada lempira que se desvía para comprar lealtades políticas es una oportunidad menos para una mujer vendedora ambulante, para un joven emprendedor, o para un adulto mayor que vive del día a día”, señala REHEF en su comunicado.
Según el análisis de la red, los fondos destinados históricamente a programas sociales han sido utilizados con criterios políticos, afectando directamente a más del 60 % de la población económicamente activa que se desenvuelve en el sector informal.
REHEF considera que ese dinero podría invertirse en programas de microcrédito justo, capacitaciones financieras y mecanismos de protección ante la usura y el agiotaje que afectan a miles de familias.
En ese contexto, la organización urgió al Congreso Nacional a aprobar la Ley contra la Usura, una propuesta que permanece engavetada pese al crecimiento alarmante de préstamos informales con intereses anuales que superan el 400 %. Según REHEF, la ausencia de esta legislación ha dejado desprotegidas a comunidades enteras, particularmente en zonas rurales, donde acceder a crédito formal sigue siendo una ilusión.
Además, la Red demandó una reforma inmediata al reglamento interno del Congreso Nacional para eliminar las subvenciones y subsidios entregados a los diputados.
Esta figura, según denuncias, ha sido utilizada durante años para repartir fondos públicos sin controles claros, facilitando actos de corrupción institucionalizada.
“La ciudadanía no puede seguir financiando privilegios ni redes de corrupción con sus impuestos”, advirtió REHEF, subrayando la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones y de garantizar que cada centavo del presupuesto público esté verdaderamente destinado al desarrollo social y económico del país.
