El Centro Carter y el panel de expertos de la ONU, invitados por el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) del régimen de Maduro a observar las elecciones en Venezuela, concluyeron que los resultados del CNE no eran creíbles y que el proceso careció de elementos democráticos. Estas afirmaciones generaron un revuelo tanto a nivel nacional como internacional, aumentando la desconfianza en la transparencia del proceso electoral venezolano.
Tras la ratificación de estas conclusiones por parte de la ONU, el régimen de Maduro emitió un comunicado en el que calificó el informe como "una serie de mentiras". En dicho comunicado, el régimen admitió que la dictadura había espiado las comunicaciones del panel de expertos durante su estancia en el país, justificando esta acción como una medida de seguridad nacional.
Además, en el mismo comunicado, el régimen acusó a los expertos de la ONU de mantener "frecuentes contactos directos" con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos. Estas acusaciones sugieren, según el régimen, una supuesta influencia externa en las conclusiones del informe, intentando así desacreditar los señalamientos sobre la falta de democracia en el proceso electoral.
Las declaraciones del régimen han generado una nueva ola de críticas internacionales, cuestionando aún más la legitimidad del gobierno de Maduro y subrayando las tensiones entre Venezuela y la comunidad internacional respecto a la transparencia y legalidad de sus procesos electorales.
