En un hecho calificado como “histórico”, el secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), abogado Francisco Bocanegra, presentó este lunes ante el Ministerio Público una serie de medios probatorios relacionados con el saqueo de más de 12 mil millones de lempiras a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), que funcionó como plataforma para desviar fondos públicos entre 2019 y 2022.
Bocanegra aseguró que se trata de una denuncia formal contra lo que calificó como una «organización criminal» que operó mediante contratos irregulares con ONGs, empresas fantasmas y convenios sin sustento legal, incluso después de que la presidenta Xiomara Castro emitiera el Decreto 66-2022, que prohibía expresamente el uso de fondos provenientes de fideicomisos.
“No se le puede llamar de otra forma: fue una organización criminal diseñada para drenar y despilfarrar fondos públicos. Estamos hablando de más de 12 mil millones de lempiras”, declaró Bocanegra.
Según el funcionario, parte del desfalco se remonta a las administraciones encabezadas por Ebal Díaz desde 2019 y Jorge Cálix al inicio de 2022, quienes habrían continuado la ejecución de contratos pese a la prohibición presidencial.
Bocanegra denunció que los fondos eran entregados sin cumplir ningún procedimiento administrativo. “Llegaban, pedían diez millones de lempiras y se los entregaban sin hacer preguntas”, señaló. Hasta el momento, dijo, se ha podido contabilizar más de mil millones de lempiras sin justificar solo en el primer semestre de 2022, y se espera seguir investigando el destino del resto de los recursos.
Durante su comparecencia, Bocanegra entregó más de 23 requerimientos con evidencia organizada y analizada, la cual será integrada en al menos 15 líneas de investigación ya abiertas en el Ministerio Público. Los documentos buscan fundamentar requerimientos fiscales contra los responsables, tanto directos como indirectos.
Francisco Bocanegra denuncia una red de corrupción estructurada que operó entre 2019 y 2022 utilizando fideicomisos y ONGs fantasmas para drenar fondos públicos.
“Es una red de corrupción organizada, y desmontarla requiere sigilo en las investigaciones. Por eso me limito a dar datos que no entorpezcan el proceso”, explicó Bocanegra.
El funcionario también confirmó que las investigaciones están siendo trabajadas por unidades como la UFERCO, la Fiscalía Especial para Enjuiciamiento de Funcionarios y la Fiscalía de la Mujer, dada la amplitud de implicaciones y actores involucrados.
Bocanegra calificó este caso como uno de los «monumentos más grandes de la corrupción en Honduras» en los últimos años y lamentó que no se le esté dando la atención debida. “¿Qué no hubiese hecho el Gobierno con una inversión de 12 mil millones de lempiras?”, cuestionó, señalando la magnitud del daño al país.
Francisco Bocanegra y El Instituto de la Propiedad espera que el Ministerio Público actúe con celeridad y que los medios probatorios sirvan de base para deducir responsabilidades penales y llevar a juicio a los involucrados.
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