Alquileres en honduras se vuelven impagables y ciudadanos piden límites legales. En las últimas semanas, diversas publicaciones en redes sociales sobre casas y apartamentos en venta o alquiler han provocado una fuerte reacción entre los hondureños, quienes denuncian que los precios están completamente fuera del alcance de la mayoría de la población, calificándolos de abusivos y desproporcionados.
Usuarios señalan que, incluso en colonias o barrios populares sin amenidades exclusivas o seguridad privada los precios de alquiler oscilan entre 7,000 y 8,000 lempiras mensuales, sin incluir los servicios básicos como agua y energía eléctrica, lo que representa un golpe fuerte al bolsillo del ciudadano común. En el caso de los precios de venta, también se consideran exagerados en relación con la calidad de las viviendas y la zona en que se ubican.
“Si el salario mínimo ronda los 12,500 lempiras, cómo se supone que una persona va a pagar alquiler, transporte, comida, servicios públicos y aún así vivir dignamente”, expresó una usuaria en un video viral que ha generado cientos de comentarios y compartidos.
Además, muchos hondureños aseguran que quienes ofrecen estas propiedades se aprovechan de la necesidad de las familias que buscan dónde vivir, generando una especie de mercado negro inmobiliario que no parece tener ningún tipo de control ni supervisión.
Ante esta situación, se hace un llamado urgente a la Dirección General de Protección al Consumidor y otras autoridades competentes para que intervengan y regulen tanto los precios de los alquileres como las condiciones de venta, estableciendo límites justos que tomen en cuenta el ingreso promedio de las familias hondureñas.
Alquileres en Honduras se vuelven impagables y ciudadanos piden límites legales
También se sugiere que alguna entidad preste atención a este tema, que permita monitorear los costos reales por zonas, evitar estafas y proteger a los consumidores de prácticas especulativas.
Mientras tanto, miles de ciudadanos siguen enfrentando el dilema diario de elegir entre pagar una vivienda o cubrir sus necesidades básicas. En un país donde el acceso a una vivienda digna debería ser un derecho, no un privilegio, la falta de regulación se convierte en una forma silenciosa de exclusión social.
