Mediante declaraciones emitidas más de 24 horas después del anuncio oficial, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, rompió el silencio sobre la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de migrantes hondureños en Estados Unidos. Sin embargo, su respuesta generó una ola de críticas por parte de sectores políticos, defensores de derechos humanos y organizaciones de migrantes, quienes la señalaron por su tardanza y por el contenido poco contundente de su pronunciamiento.
Según la mandataria, la decisión del gobierno estadounidense forma parte de una estrategia electoral interna, lo que, a su juicio, convierte a los migrantes en víctimas colaterales de una agenda política ajena. “Esta cancelación es resultado de una estrategia anunciada en el marco de la campaña política estadounidense”, expresó Castro en su cuenta oficial de X.
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En ese mismo mensaje, Xiomara Castro reconoció que la medida representa un duro golpe para los más de 57 mil hondureños que actualmente están protegidos bajo este régimen migratorio. Para atender la situación, dijo que instruyó a la Cancillería a redoblar esfuerzos y usar todos los recursos legales disponibles, a fin de garantizar apoyo consular y asesoría jurídica para los afectados.
No obstante, el anuncio de Xiomara Castro fue considerado por muchos como insuficiente y tardío. “Nos sentimos abandonados. No solo el gobierno de Estados Unidos nos está dejando sin protección, sino que nuestro propio país parece no tener una reacción firme ni un plan concreto”, dijo César Medina, miembro de dicha organización.
Por su parte, sectores políticos de oposición acusaron a Castro de utilizar un tono diplomático que no corresponde con la gravedad de la situación. Que la presidenta haya tardado tanto en pronunciarse, pese a que la vida de miles de compatriotas se ve afectada. “Hablar después de 24 horas y solo para responsabilizar a un proceso electoral ajeno, sin asumir ninguna autocrítica ni anunciar acciones concretas, es una muestra de falta de liderazgo”, expresó en conferencia de prensa.
A pesar de las críticas, Castro insistió en que su gobierno mantendrá un “diálogo abierto y franco” con Estados Unidos para buscar una salida humana a esta crisis migratoria. Reiteró la necesidad de evitar deportaciones masivas y preservar una relación estrecha entre ambas naciones, con respeto a los tratados internacionales vigentes.
En medio del debate, defensores de derechos humanos pidieron al Gobierno hondureño actuar con mayor firmeza y coordinación. La abogada y activista Lorena Enamorado señaló que muchos migrantes podrían quedar en situación irregular y sujetos a detención si no se actúa con urgencia. “No basta con discursos. Se requiere acción inmediata, coordinación con la diáspora y acompañamiento real”, subrayó.
Además, varios analistas recordaron que el TPS no se otorga indefinidamente y que los países de origen tienen la responsabilidad de generar condiciones adecuadas para evitar la migración forzada. “Mientras no haya empleo, seguridad y justicia en Honduras, miles seguirán huyendo, con o sin TPS”, indicó el sociólogo Marvin Barahona.
Por ahora, el futuro de los hondureños protegidos por el TPS sigue en vilo, con un plazo de hasta enero de 2026 para regularizar su situación o enfrentar la amenaza de la deportación. Entretanto, la respuesta del gobierno de Xiomara Castro continúa bajo escrutinio, y la presión por una política migratoria más efectiva no deja de crecer.
Finalmente,La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras por parte del gobierno de Estados Unidos ha dejado en incertidumbre a más de 50 mil compatriotas que residen legalmente bajo ese amparo migratorio. Tras más de un día de silencio, la presidenta Xiomara Castro se pronunció sobre el tema, pero su respuesta ha sido fuertemente cuestionada por su tono tibio y la falta de medidas concretas para atender la crisis que enfrentan miles de hondureños en territorio estadounidense.
