El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Zelaya, habló sin reservas en el programa El Espectador Sin Filtro, donde dejó al descubierto las serias limitaciones financieras y operativas que enfrenta la institución responsable de administrar los bienes decomisados al crimen organizado en el país.
Zelaya fue directo al señalar que tanto la institución como su personal sobreviven con recursos mínimos. “La OABI subsiste con lo poco que puede captar. Somos una institución autosostenible, pero lo que recibimos no se acerca a lo que en realidad deberíamos manejar”, afirmó. Según explicó, el reglamento actual establece que la oficina solo puede percibir un porcentaje muy reducido de los valores generados por los bienes incautados, lo que limita gravemente su capacidad operativa.
La OABI, encargada de administrar millones en activos incautados por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado, opera bajo un esquema que, paradójicamente, no le permite aprovechar de manera adecuada los recursos que gestiona. «Estamos trabajando en un proyecto de ley que será presentado a las autoridades para que pueda elevarse ante el soberano Congreso de la República», anunció Zelaya, subrayando la urgente necesidad de modificar el marco legal que regula la institución.
El funcionario considera que es indispensable modernizar y dinamizar la normativa de la OABI para convertirla en una entidad verdaderamente eficiente, capaz de potenciar su gestión y cumplir su misión de manera efectiva. Mientras tanto, tanto el director como los empleados de la institución continúan trabajando en condiciones precarias, dependiendo de ingresos limitados y de una estructura legal obsoleta que no responde a la magnitud de los bienes bajo su administración.
Las declaraciones de Marco Zelaya no solo revelan la vulnerabilidad financiera de la OABI, sino que exponen una debilidad estructural en el modelo de combate al crimen organizado en Honduras: una de las instituciones clave en la lucha contra el lavado de activos opera con recursos insuficientes y sin el respaldo legal necesario para optimizar su funcionamiento.
El proyecto de reforma anunciado por Zelaya, de ser ignorado o postergado por el Congreso, podría agravar esta situación, manteniendo a la OABI en una posición de fragilidad institucional frente a los grandes desafíos que enfrenta en la administración de bienes millonarios incautados al crimen.
