El diputado del Partido Nacional, Marco Midence, salió a defender la legalidad de los juicios políticos impulsados por el Congreso Nacional, de cara a la comparecencia que el Estado de Honduras enfrentará el próximo 5 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Procuraduría General de la República (PGR).
El legislador precisó, ante todo, la naturaleza del proceso que se avecina. «Quiero manifestar que el 5 de agosto, ante la Comisión, esto no es un juicio, esto es una presentación de argumentos invocando el artículo 41 de la Convención Americana», aclaró Midence, subrayando que será el Procurador General de la República, en su calidad de representante del Estado, quien presente los argumentos correspondientes.
Midence fue enfático al defender la legitimidad del mecanismo utilizado por el Congreso. «El juicio político no es una fabricación, un invento; ya hay un artículo constitucional, el 234, que lo enuncia, que lo regula, y también hay una ley especial del 2013 que regula todo el juicio político», explicó el diputado.
El legislador insistió en que se respetaron todas las etapas procesales establecidas. «Todas las etapas procesales se agotaron, hubo un debido proceso; las comparecencias que correspondieron a los diferentes funcionarios se hicieron de manera pública, ningún miembro de las comisiones que tomaron nota del proceso participaron en la votación», detalló.
93 VOTOS RESPALDARON EL JUICIO POLITICO
Uno de los argumentos centrales de Midence para desestimar cualquier señalamiento de arbitrariedad fue la amplitud del respaldo legislativo que tuvieron las decisiones. «Hubo 93 votos registrados en los diferentes espacios, es decir, cuatro fuerzas políticas al menos votaron; no fue una decisión de una sola ala política, de una sola fuerza», puntualizó.
El diputado remarcó que el proceso se llevó a cabo dentro del marco legal vigente. «No se hizo al margen de ninguna ley, sino que bajo la Constitución, el artículo 234 y la ley especial del juicio político», afirmó, al ser consultado directamente sobre si se respetó el derecho interno hondureño. «Por supuesto que se respetó el derecho interno», respondió sin dudar.
Midence también recordó que, durante el proceso, cada uno de los funcionarios involucrados actuó conforme a sus propias decisiones: algunos comparecieron ante las audiencias públicas, otros se abstuvieron, y otros más presentaron los recursos legales que la ley les ampara para impugnar la decisión tomada por el Congreso Nacional. «Siempre las fuerzas políticas superaron el umbral de mayoría calificada, y esto es una señal de que no fue ni unilateral ni de una sola fuerza, sino de cuatro partidos políticos representados en el hemiciclo legislativo», concluyó el diputado.
