El abogado Leonel Núñez, presidente de la Comisión Liquidadora por parte del Gobierno, informó que a la fecha suman más de 1,800 los empleados públicos cesanteados a nivel nacional, y descartó versiones sobre nuevas contrataciones de personal afín al partido Libre en las dependencias cerradas.
Núñez, en representación del Gobierno, detalló el avance del proceso de cierre instituciones públicas, que hasta el momento suma siete dependencias prácticamente concluidas, a las que se sumarán dos más bajo su cargo, para un total de nueve instituciones.
Según explicó, del total de personal afectado en las siete instituciones que ya tiene casi cerradas, se han pagado más de 138 millones de lempiras en concepto de prestaciones laborales, quedando pendiente la firma del recibo finiquito de unas 160 personas para concluir totalmente el pasivo laboral.
El funcionario indicó que la parte correspondiente a bienes y traslados, así como el tema de demandas, se encuentra prácticamente cerrado, y proyectó que estas instituciones queden totalmente liquidadas para el mes de agosto, mientras que la Secretaría de Finanzas cerraría los códigos presupuestarios correspondientes en septiembre.
Consultado sobre la posibilidad de que los empleados despedidos interpongan demandas, el presidente de la comisión explicó que toda persona tiene derecho a demandar, pero advirtió que difícilmente prosperaría una demanda de reintegro en instituciones que están siendo cerradas por completo. En cambio, señaló que las demandas orientadas al pago de prestaciones sí tienen viabilidad, ya que estas se encuentran disponibles para quien las acepte y firme.
