La exviceministra de Seguridad y extitular de Medicina Forense, Julissa Villanueva, dirigió una carta abierta a periodistas y comunicadores sociales de Honduras, en la que pide su respaldo gremial tras las revelaciones que ha hecho en las últimas semanas sobre el caso de la joven Angie Samantha Peña Melgares, desaparecida en Roatán en enero de 2022.
Villanueva agradeció a la prensa su apoyo a lo largo de los años y explicó que decidió hacer pública su denuncia porque, según expresó, en cualquier otro país la investigación ya habría sido objeto de análisis inmediato al interior de la institucionalidad. «No estoy hablando solo del rescate de una mujer ni de decenas de mujeres y niñas que fueron, han sido y siguen siendo víctimas de esta modalidad de criminalidad organizada transnacional, hablo también del rescate de la institucionalidad en las áreas de Seguridad y Justicia en Honduras», planteó.
La exfuncionaria advirtió que, históricamente, quienes denuncian y los testigos que colaboran en este tipo de casos terminan siendo perseguidos y amenazados bajo un patrón que, según describió, inicia con el silencio institucional, continúa con campañas de desprestigio dirigidas a afectar tanto la vida profesional como la integridad emocional de los denunciantes, y en ocasiones deriva en procesos de intimidación tácita e incluso contrademandas contra quienes declaran.
Villanueva enmarcó su llamado dentro de un problema de seguridad nacional más amplio, vinculado a la protección de la niñez y la juventud hondureña frente a redes de trata de personas. «Para no vivir con miedo, para transmitir a nuestras hijas esa tranquilidad… necesitamos un mínimo de seguridad para salir adelante», escribió, pidiendo a los comunicadores actuar como un «contrapeso» frente a los distintos poderes del Estado, incluyendo el sistema judicial, legislativo y ejecutivo.
Esta carta se suma a una serie de declaraciones que Villanueva ha realizado en las últimas semanas, en las que aseguró que existen indicios de que Angie Peña fue localizada con vida y entregada a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), pero no a sus familiares.
La exfuncionaria denunció que las estructuras investigativas del Estado estarían infiltradas por redes de delincuencia transnacional que habrían operado en complicidad con agentes para ocultar el paradero de la joven, incluso después de que se pagara una recompensa de 500 mil lempiras por su entrega a las autoridades.
