Honduras enfrenta un severo déficit en el control de armas de fuego: de acuerdo con el exdirector de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), José Alfredo Ponce, el país cuenta con apenas 500,000 armas registradas oficialmente, mientras que se estima que por cada arma inscrita circulan otras tres sin ningún registro, lo que eleva la cifra de armamento ilegal a entre 1.2 y 1.5 millones de unidades.
Ponce advirtió que más del 80% de los homicidios cometidos en el país se ejecutan con armas de fuego, lo que convierte el control y registro del armamento en un factor determinante para la investigación criminal y la reducción de la violencia.
EL CONGRESO APRUEBA UNA AMNISTÍA DE REGULARIZACIÓN
En medio de este panorama, el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Marcos Paz, informó que las armas de fuego sin registro podrían regularizarse en el país tras la aprobación de una amnistía administrativa.
El Congreso Nacional aprobó por unanimidad la medida, que permitirá a los ciudadanos registrar armas de fuego de uso comercial que poseen actualmente sin factura, documentación de compra o inscripción oficial. La iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Liberal, Ricardo Elencoff, con el argumento de que el alto volumen de armas en manos de la ciudadanía sin registro actúa en contra de los esfuerzos de control preventivo del Estado.
El decreto excluye expresamente las armas de uso militar, las armas prohibidas y aquellas restringidas por la legislación hondureña, por lo que el beneficio aplica únicamente a armamento de uso comercial o permitido.
REQUISITOS DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN
Los propietarios deberán presentar una solicitud formal, entregar sus antecedentes penales y someter el arma a una inspección física y a un registro balístico. Las autoridades realizarán además verificaciones en bases de datos nacionales e internacionales para comprobar que las armas no estén vinculadas a delitos, investigaciones criminales o situaciones irregulares.
El dictamen aclara que la regularización tendrá efectos únicamente administrativos, lo que significa que permitirá registrar el arma y obtener la licencia correspondiente, pero no borrará delitos cometidos anteriormente ni impedirá investigaciones judiciales.
VIGENCIA DEL BENEFICIO
Existe discrepancia entre las fuentes consultadas respecto a la duración exacta de la amnistía: mientras algunos medios señalan una vigencia de seis meses a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, otros indican que la Comisión de Seguridad aprobó un plazo de un año. La implementación del decreto estará a cargo de la Secretaría de Seguridad, a través de las dependencias competentes.
EL LLAMADO A LA TECNOLOGÍA Y DESTRUCCIÓN DE ARMAS
En las declaraciones brindadas el en foro televisivo de canal 11 conducido por Raúl Valladares, Ponce insistió que el registro debe ir acompañado de inversión tecnológica, particularmente en los sistemas IBIS y AFIS, utilizados para la comparación balística de casquillos y proyectiles en investigaciones criminales.
Asimismo, propuso que el Estado implemente un mecanismo de compra y destrucción de armas ilegales que actualmente circulan en el país, similar a procesos realizados en años anteriores.
