
Evitar restricciones bancarias injustificadas, proteger viviendas familiares y fortalecer la persecución del dinero proveniente de actividades ilícitas son algunos de los objetivos de las reformas a la Ley Especial contra el Lavado de Activos que se discuten en el Congreso Nacional.
La propuesta busca corregir situaciones en las que ciudadanos pueden enfrentar dificultades para utilizar servicios financieros por estar relacionados con investigaciones o aparecer en reportes de operaciones sospechosas. Entre los cambios planteados figura que bancos, cooperativas y financieras no puedan negar servicios únicamente por esas circunstancias, sino que deban realizar evaluaciones individuales y justificar sus decisiones.
Otro de los aspectos que interesa a las familias hondureñas es la protección de sus viviendas y bienes. Las reformas pretenden establecer mayores garantías para evitar que las medidas de incautación afecten injustificadamente a personas que no están involucradas en actividades ilícitas, incluidos niños y adultos mayores que habitan en propiedades bajo investigación.
Pero la iniciativa también busca fortalecer las herramientas de las autoridades para detectar y perseguir el dinero obtenido mediante delitos. Para ello contempla controles sobre depósitos, transferencias electrónicas, operaciones inmobiliarias y transacciones con activos virtuales, además de mayores mecanismos de supervisión financiera.

