Mediante una comparecencia pública, el secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), abogado Francisco Bocanegra, anunció la apertura institucional de esta entidad para establecer convenios de cooperación con el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y demás entes contralores del Estado. El anuncio se da en respuesta al mandato directo de la presidenta Xiomara Castro, quien pidió transformar el IP en una institución transparente, eficiente y con voluntad de colaboración.
Durante su declaración, Francisco Bocanegra subrayó que esta apertura busca fortalecer el acceso a la información registral para acelerar los procesos investigativos, incluso aquellos ya judicializados, y apoyar directamente las labores de los fiscales, jueces y unidades especializadas. El funcionario fue enfático al mencionar que el Instituto de la Propiedad queda totalmente a disposición de las autoridades para facilitar datos que ayuden a esclarecer delitos históricos cometidos dentro de la institución.
“Desde el día de mi nombramiento, he tenido una postura clara: abrir las puertas del IP para que se investigue lo que sea necesario. Esta institución tiene el deber de colaborar con quienes luchan contra la corrupción”, expresó Bocanegra, en una postura que fue vista como una respuesta directa a las recientes preocupaciones públicas del fiscal Luis Javier Santos, titular de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO).
Francisco Bocanegra y propuesta del IP
Además del anuncio de apertura, el Instituto propuso formalmente la creación de canales directos de comunicación con fiscales y juzgados, así como la firma de convenios con protocolos específicos de colaboración e intercambio de información. Entre las propuestas se incluye también la realización de capacitaciones para fiscales y jueces sobre el funcionamiento del sistema registral, a fin de agilizar procesos técnicos y judiciales.
Uno de los puntos más innovadores de la propuesta es la creación de un sistema de alerta temprana que permita detectar y reportar transacciones sospechosas dentro del IP, tanto de usuarios externos como de empleados de la institución.
Con esto, se busca prevenir actos ilícitos relacionados con el uso de información registral, proteger el derecho a la propiedad y reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Según el informe presentado, en lo que va del año se han recibido más de 2,500 requerimientos por parte de entes investigativos, y aproximadamente el 60 % de ellos contienen información que será presentada próximamente ante el Ministerio Público como parte de líneas de investigación activas.
El secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad concluyó reiterando que estas acciones no solo fortalecerán la transparencia y legalidad en la función pública, sino que también contribuirán a generar condiciones favorables para la inversión en el país, al garantizar que los registros de propiedad estén protegidos y respaldados por procesos justos y verificables.
