Mediante recientes declaraciones, se denunció un presunto esquema de corrupción en el Instituto de la Propiedad durante la gestión anterior, a cargo del secretario ejecutivo Francisco Bocanegra. Según la denuncia, se creó una unidad denominada Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), que funcionó como un mecanismo para desviar fondos públicos.
Se explicó que esta unidad fue diseñada para evadir los procesos legales establecidos en la ley de contratación del Estado, otorgando a sus responsables “una chequera privada” para disponer discrecionalmente de recursos. En total, se habrían drenado aproximadamente 12 mil millones de lempiras.
La finalidad original del Instituto es garantizar el derecho a la propiedad de los hondureños, pero la denuncia sostiene que fondos fueron usados para financiar proyectos habitacionales inconclusos y abandonados, como el residencial Morazán y otros en ciudades como Lloro y Comayagua, donde se entregaron estufas, casas y otros bienes que permanecen en mal estado o sin utilidad.
La Fiscalía General y el Ministerio Público reaccionaron con prontitud a estas denuncias, realizando allanamientos en las bodegas del Instituto ubicadas en la salida a Blanco de la capital, donde se hallaron electrodomésticos y otros artículos, cuya presencia genera cuestionamientos sobre la administración del patrimonio público.
En cuanto al presupuesto actual del Instituto, se informó que es de 1,253 millones de lempiras, de los cuales la mayor parte se destina a salarios. Además, la ejecución presupuestaria apenas alcanza un 37%, lo que evidencia limitaciones para avanzar en proyectos prioritarios, como la emisión de placas vehiculares, cuya demora preocupa a la población por razones de seguridad.
Finalmente, se señaló que algunos proyectos, como el de las llamadas “casas contenedor” en la salida a la capital, que estaban destinadas a ser viviendas dignas, también estuvieron marcados por irregularidades y corrupción, afectando a propietarios legítimos y dejando los inmuebles en abandono.
