La reciente investigación sobre la compra irregular de 496 laptops por parte del SENACIT, bajo la dirección del ministro Luther Castillo, ha revelado múltiples violaciones a la Ley de Contratación del Estado, al Presupuesto General y al Código de Ética del Servidor Público. Estas irregularidades podrían configurar delitos penales contemplados en el Código Penal hondureño, que podrían acarrear penas de cárcel para los responsables.
Según el código nuevo penal, el el título de malversación de caudales públicos si, el funcionario Luther Castillo llegará ser encontrado culpable, El artículo 478 del Código Penal, establece que el fraude contra la administración pública ocurre cuando un funcionario utiliza recursos públicos para fines distintos a los autorizados, con penas que van de 6 a 9 años de prisión e inhabilitación y una multa del doble del valor.
Adjudicar un contrato a una empresa sin experiencia tecnológica, con sobreprecio y sin justificación técnica, podría encajar en esta figura.
Posibles delitos y sanciones para funcionarios implicados
Los artículos 474 y 475 tipifican el abuso de autoridad y la violación de deberes de los funcionarios públicos, sancionados con penas de hasta 6 años de prisión.
En este caso, la falta de controles, la integración irregular de la comisión evaluadora y la ausencia de supervisión podrían evidenciar estas conductas.
Por otro lado, el artículo 477 señala que la malversación de fondos públicos, al destinar recursos a compras innecesarias o sin controles adecuados, se castiga con penas de 3 a 6 años de prisión. La posible sobrevaloración y adquisición de equipos no requeridos aumentan la gravedad del caso.
Tribunal Superior de Cuentas y Ministerio Público
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ya recibió el informe y está facultado para investigar responsabilidades administrativas y penales, pudiendo remitir el caso al Ministerio Público para su prosecución judicial conforme a la Ley Orgánica del TSC.
Finalmente, de confirmarse las irregularidades y la participación directa del ministro Castillo u otros funcionarios, estos podrían enfrentar no solo sanciones administrativas, sino también procesos penales con condenas de cárcel.
