A pocos días de las elecciones primarias programadas para el 9 de marzo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, ha expresado su preocupación por la falta de infraestructura y personal capacitado para la implementación efectiva del sistema biométrico en el proceso electoral.
López enfatizó que, aunque la ley electoral establece la obligatoriedad del uso de dispositivos biométricos en las mesas electorales, la realidad logística presenta desafíos significativos. "No vendamos espejismos. Hay una Constitución que nos rige, hay una ley que nos rige, y yo también quiero que los resultados sean limpios, transparentes", declaró López. "No voy a venir aquí a engañar a la gente, a decirle 'sí tenemos la infraestructura', porque no es cierto", añadió.
La presidenta del CNE recordó que en las elecciones de 2017 se produjo un caos debido a la retención de actas, situación que atribuyó al consejero Marlon Ochoa. En este contexto, López manifestó su desacuerdo con la propuesta de esperar el retorno de las maletas electorales para la transmisión de resultados, calificándola de "bastante peligrosa" y contraria a la función del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que tiene como objetivo mitigar la incertidumbre durante la noche de las elecciones.
El TREP será administrado por la empresa Smartmatic, con un costo de 325 millones de lempiras. López subrayó la importancia de no retrasar la divulgación de las actas, incluso si no se ha utilizado el sistema biométrico, para mantener la transparencia del proceso electoral. "No me parece que se pueda esperar cuatro o cinco días, porque estaríamos retornando a un escenario similar al de las primarias de 2021", puntualizó.
A pesar de las limitaciones actuales, López reafirmó su compromiso con la utilización del sistema biométrico y destacó que, aunque su partido está interesado en su implementación, no le otorgará una categoría que la ley no le confiere. "Insisto en que lo utilicemos y estoy pendiente de que se utilice, pero no le daré una categoría que la ley no le confiere", concluyó.
La Constitución de la República de Honduras, promulgada en 1982, garantiza el derecho al voto universal, libre y secreto, pero no especifica los mecanismos tecnológicos para la identificación de los votantes. La adopción de sistemas biométricos es una medida complementaria desarrollada en la legislación secundaria, como la Ley Electoral, para fortalecer y modernizar el proceso electoral sin contradecir los preceptos constitucionales.
