
El Congreso Nacional aprobó las reformas a la Ley Especial contra el Lavado de Activos, un paquete que endurece los controles financieros y que los diputados impulsaron para evitar que Honduras ingrese a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Para el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, la reforma era una exigencia al país para no caer en esa lista. El diputado Mario Pérez, presidente de la comisión especial, explicó que Honduras está en revisión constante con el Gafilat y que las recomendaciones del organismo son vinculantes.
El dictamen reforma 53 artículos y agrega otros 23 a cuatro leyes: la Ley Especial contra el Lavado de Activos, la de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, la de Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) y la Ley del Sistema Financiero.
Entre los cambios, se establece por primera vez un marco regulatorio para los proveedores de activos virtuales y se prohíbe a los bancos pantalla, es decir, las relaciones con instituciones sin presencia real, regulación ni supervisión. También se amplían los controles para casinos, inmobiliarias, notarios y contadores, se extiende a cinco años el resguardo documental obligatorio y se blinda a los usuarios frente a cancelaciones arbitrarias de servicios bancarios. Pérez dijo que la vigilancia se reforzará en sectores como autolotes y lotificadoras.
Las reformas también tocan las medidas sobre bienes. La Fiscalía tendría 12 meses para presentar requerimiento fiscal, prorrogables una sola vez por seis, frente a los 24 meses con prórroga de 12 que permite la ley de 2015, y la incautación de bienes y el congelamiento de cuentas serían solo para casos excepcionales.
Pérez indicó que el texto fue revisado por el Ministerio Público, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el Banco Central, la Secretaría de Finanzas y la comisión legislativa especial.
