El Ministerio Público intensificó las investigaciones contra el exfiscal general Johel Antonio Zelaya Álvarez al abrir nuevas diligencias relacionadas con la presunta firma de contratos laborales cuando ya habría cesado en sus funciones, además de profundizar las pesquisas sobre las actuaciones que derivaron en su destitución mediante juicio político.
Como parte de las investigaciones, la Fiscalía solicitó a un juzgado especializado la práctica de una diligencia prejudicial para realizar el vaciado de las dos líneas telefónicas utilizadas por el exfuncionario, con el propósito de extraer información y comunicaciones que puedan ser incorporadas al expediente.
Asimismo, el ente acusador pidió el nombramiento de un perito que se encargará de la extracción del contenido de los dispositivos, una diligencia que forma parte de la etapa investigativa y que, por el momento, no implica la presentación de un requerimiento fiscal.
De acuerdo con la información conocida, una de las líneas de investigación se enfoca en la supuesta autorización de contratos y nombramientos de personal que habrían sido firmados después de iniciado el proceso de juicio político en su contra, cuando presuntamente ya no contaba con facultades legales para ejercer esas funciones.
La segunda investigación está relacionada con los hechos que motivaron su destitución por el Congreso Nacional, la cual se produjo tras un juicio político en el que se le señaló por presuntas actuaciones contrarias a la Constitución de la República, así como por supuesta negligencia, incapacidad e incompetencia en el desempeño del cargo. Como parte de estas diligencias, el Ministerio Público solicitó al Congreso los expedientes del juicio político para incorporarlos a la investigación.
Tras su destitución el 25 de marzo de 2026, Johel Zelaya perdió las prerrogativas procesales que amparan a los altos funcionarios del Estado, por lo que el caso ahora es conocido por la jurisdicción ordinaria en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción.
Las diligencias son dirigidas por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), especializada en investigaciones de corrupción, mientras continúan recopilándose elementos de prueba para determinar si existen méritos suficientes para presentar una acusación formal.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha interpuesto requerimiento fiscal contra el exfiscal general, por lo que el proceso permanece en fase preliminar de investigación.
