El Congreso Nacional aprobó reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal impulsadas por el gobierno del presidente Nasry Asfura, con el objetivo de endurecer las acciones contra la extorsión, las maras y el crimen organizado en Honduras.
Entre los cambios más importantes destaca el aumento de las penas por extorsión, que ahora serán de 15 a 20 años de prisión. Además, se mantiene la prisión perpetua cuando este delito provoque la muerte de una persona.
Las reformas también permiten que el Ministerio Público pueda iniciar investigaciones por extorsión sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal, medida que busca actuar ante el temor y las amenazas que enfrentan muchas personas afectadas por estructuras criminales.
El nuevo marco legal incorpora agravantes como utilizar menores de edad, hacerse pasar por policías o militares, cometer el delito desde el extranjero o provocar el cierre de negocios.
Asimismo, las reformas establecen que maras, pandillas y estructuras vinculadas al narcotráfico podrán ser consideradas organizaciones terroristas cuando generen violencia, intimidación y control territorial.
