Mediante declaraciones durante una audiencia en Miami, Juan Ramón Molina, excoordinador del Fideicomiso Tasa de Seguridad, reconoció haber recibido 114,000 dólares, aproximadamente 2.8 millones de lempiras, en sobornos vinculados a un contrato de adjudicación de uniformes.
Según el reporte, Molina admitió que un empresario estadounidense le entregó el dinero como parte de un acuerdo irregular relacionado con el suministro de insumos para la seguridad en Honduras. Actualmente, Molina enfrenta cargos por defraudar más de 18 millones de lempiras al Estado.
Esta confesión convierte a Molina en una de las primeras figuras en admitir de manera directa el desvío de fondos de la Tasa de Seguridad, un mecanismo creado para fortalecer la protección ciudadana en un contexto de creciente criminalidad en Honduras. Expertos y autoridades judiciales habían señalado previamente que los recursos de este fideicomiso fueron utilizados de manera irregular, desviándose hacia el enriquecimiento ilícito de ciertos funcionarios.
Finalmente, la declaración de Molina evidencia la magnitud de los actos de corrupción en el sistema de adjudicación de contratos públicos, reforzando las investigaciones sobre el manejo irregular de los fondos destinados a la seguridad ciudadana.
