El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solorzano, se pronunció sobre la necesidad de garantizar el debido proceso y la defensa legal ante posibles antejuicios a funcionarios judiciales involucrados en actos de corrupción.
Destacó la importancia de actuar con pruebas sólidas antes de iniciar cualquier procedimiento interno dentro del Poder Judicial.
Gustavo Solorzano señaló que, de comprobarse irregularidades, como delitos de prevaricato o incumplimiento de funciones por parte de jueces, corresponde que las denuncias se presenten ante el Ministerio Público, respetando siempre los derechos de los acusados.
Subrayó que los procesos deben ser certeros y basados en evidencia, evitando que las especulaciones conduzcan a la liberación de personas sin responsabilidad comprobada.
El abogado Gustavo Solorzano también recordó la eliminación del Consejo de la Judicatura en 2016 y la ausencia de una ley que permita su reactivación.
Según Gustavo Solorzano, los nombramientos actuales continúan a cargo de la Corte Suprema y es necesario aprobar una ley que garantice la supervisión administrativa del personal judicial, permitiendo que los magistrados se concentren exclusivamente en dictar justicia.
Asimismo, hizo énfasis en la prohibición constitucional y legal de que los miembros del Poder Judicial participen en actos políticos o proselitistas, siguiendo además los Principios de Bangalore, que establecen la conducta ética y reservada que deben mantener los funcionarios judiciales para preservar la imparcialidad y la confianza pública.
Solorzano recordó su experiencia como secretario técnico de la Junta Nominadora durante la selección de los 45 candidatos a la Corte Suprema, asegurando que todos los aspirantes se comprometieron públicamente a aprobar la ley del Consejo de la Judicatura y a mantener la ética judicial.
Finalmente, reiteró que cualquier investigación dentro del Poder Judicial debe respetar el debido proceso y que las acciones que se tomen estarán respaldadas en evidencia, garantizando que se sancionen las faltas de quienes incumplan con la ley sin afectar la imparcialidad ni los derechos de los involucrados.
