Mediante declaraciones oficiales en El Salvador, se confirmó que el cambio climático ya está afectando gravemente a Centroamérica y República Dominicana, al agudizar problemas estructurales, amenazar ecosistemas y comprometer medios de vida. Las evidencias señalan impactos visibles en la temperatura, las lluvias, la seguridad alimentaria y el desplazamiento de personas.

Como primer dato relevante, se proyecta un aumento de entre 2 °C y 4 °C en casi todos los municipios de la región hacia finales de siglo, lo que intensificará el estrés hídrico, especialmente en el Corredor Seco y en las costas del Caribe.

De forma paralela, se anticipa una disminución de entre 5 % y 31 % en las precipitaciones, dependiendo del país. Esto agravará la escasez de agua y afectará directamente a cultivos, zonas rurales y áreas densamente pobladas.

A esto se suma el aumento de eventos extremos. Lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos se presentarán junto a sequías prolongadas, afectando a comunidades con infraestructuras débiles y sectores sensibles como la agricultura y la energía hidroeléctrica.

En términos territoriales, se estima que El Salvador enfrentará una expansión progresiva de la aridez hasta cubrir casi todo su territorio para el año 2099. Municipios como La Unión y Pasaquina están entre los más expuestos por su alta dependencia agrícola y limitadas capacidades locales.

Al mismo tiempo, ya se registran desplazamientos forzados por desastres. Solo en 2023, unas 2,1 millones de personas fueron desplazadas por causas climáticas en América Latina y el Caribe. Para 2050, hasta 17 millones podrían verse obligadas a migrar por efectos ambientales.

En cuanto a las acciones de respuesta, el 88 % de las iniciativas en la región han contado con apoyo estatal, pero dependen en gran medida del financiamiento internacional y de alianzas con sector privado, ONG, academia y organismos de cooperación.

Además, el 55 % de las acciones actuales están centradas en biodiversidad y agricultura sostenible, y el 65 % se vinculan con políticas públicas. Sin embargo, más de la mitad de las que ya finalizaron no fueron lideradas por el Estado, lo que evidencia falta de continuidad y liderazgo.

Finalmente, se reiteró que, pese a su baja responsabilidad en las emisiones globales, Centroamérica y República Dominicana enfrentan una alta exposición al cambio climático. Por ello, la adaptación es una prioridad estratégica para proteger comunidades, economías y recursos naturales en el corto y largo plazo.

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