El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que la figura del juicio político, aprobada en Honduras en 2013, podría aplicarse durante la actual legislatura, luego de más de una década sin haberse utilizado.
Posible aplicación del juicio político en el Congreso
El titular del Poder Legislativo recordó que este mecanismo existe desde hace 13 años, pero nunca ha sido ejercido en el país. En ese contexto, señaló que, tras las recientes situaciones que, según expresó, han generado cuestionamientos sobre actuaciones de algunos funcionarios, es probable que esta herramienta constitucional, el juicio político, se utilice por primera vez en el actual Congreso Nacional.
Tomás Zambrano explicó que la aplicación del juicio político no puede hacerse de forma apresurada, ya que el proceso depende de consensos políticos y de los votos necesarios dentro del Legislativo. Indicó que antes de someter una iniciativa de este tipo al pleno deben tener la certeza de contar con el respaldo suficiente.
El presidente del Congreso Nacional detalló que para aprobar un juicio político se requieren 86 votos, por lo que, si se somete a votación sin tener esa cantidad asegurada y no se alcanza el respaldo necesario, el proceso ya no podría volver a presentarse durante la misma legislatura. Según dijo, esto terminaría otorgando a los funcionarios señalados un periodo adicional antes de que pueda retomarse el tema.
Zambrano menciona caso de Marlon Ochoa
Durante sus declaraciones también se refirió al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, quien ha denunciado supuestas amenazas en su contra.
En ese sentido, Tomás Zambrano solicitó públicamente a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y a los organismos de inteligencia del Estado que brinden seguridad al funcionario. Señaló que el objetivo es que cuente con protección permanente y que no se generen dudas sobre las denuncias realizadas.
El presidente del Congreso Nacional también expresó que, a su criterio, Marlon Ochoa debería considerar presentar su renuncia antes de que se impulse un eventual proceso de juicio político en su contra.
Asimismo, sostuvo que el resguardo por parte de las autoridades permitiría verificar la veracidad de las denuncias de amenazas que han sido mencionadas públicamente por el consejero electoral.
