En una cuestionada maniobra legislativa, el Congreso Nacional aprobó varios contratos de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por montos que superan los 190 millones de dólares, destinados a diversos programas como el fortalecimiento de BANADESA, inversión pública y políticas de inclusión.
Sin embargo, estos contratos saldrán del Congreso sin haber sido ratificados, generando serias dudas sobre la transparencia y la legalidad del proceso.
En el sistema legal de Honduras, la ratificación es el paso final que debe dar el Congreso Nacional para que un tratado o contrato internacional tenga plena validez legal y pueda ejecutarse de forma oficial. Aunque el Poder Ejecutivo puede firmar acuerdos y avanzar con su implementación, si el Congreso no los ratifica, se pierde una parte clave del control institucional. Esto genera dudas sobre la legitimidad del endeudamiento, ya que no ha pasado por el respaldo legal completo que exige la ley.
Se aprobaron tres préstamos importantes con CAF:
- US$40 millones para la reactivación del sector cafetalero y el fortalecimiento de BANADESA.
- US$70 millones para programas de preinversión pública y proyectos de agua potable.
- US$80 millones para promover la igualdad de género e inclusión social.
Todos estos contratos incluyen cláusulas de exoneración de impuestos, aranceles y tributos sobre los fondos y bienes adquiridos, lo cual representa una renuncia del Estado a ingresos fiscales importantes.
Sectores de la sociedad civil, analistas económicos y parte de la oposición han levantado la voz, denunciando que estos préstamo dudan que sean destinados para dichos proyectos y podrían desviarse para financiar campañas políticas y que la falta de ratificación evidencia un manejo irresponsable de la deuda pública.
