El Estado de Honduras mantiene abierta la posibilidad de una conciliación con Próspera, que reclama $1,600 millones en un arbitraje internacional, aunque la Procuraduría General de la República (PGR) sostiene que debe cumplirse el fallo de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucionales las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, manifestó que esperan un acercamiento de los representantes de Próspera para conocer sus condiciones y determinar si existe una posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Estado hondureño.
“Estamos con una mano aplicando la ley y con otra mano extendida para escuchar cuál es la pretensión de ellos”, expresó Aspra, al referirse a la postura de la institución frente a la disputa.
Sin embargo, el funcionario advirtió que la disposición al diálogo no significa renunciar a la aplicación de la ley. En ese sentido, recordó que existe una sentencia firme de la Sala de lo Constitucional sobre las ZEDE y afirmó que la PGR tiene la obligación de hacerla cumplir.
Aspra también confirmó que la Procuraduría presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra dos personas que, según señaló, se han atribuido cargos públicos en Próspera y continúan operando pese a la eliminación del marco legal de las ZEDE.
