La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones para revertir el sobreseimiento definitivo dictado a favor del expresidente Juan Orlando Hernández por los delitos de fraude y lavado de activos en el caso Pandora II, y denunció una serie de irregularidades que, según la institución, afectaron el desarrollo del proceso judicial.
La PGR explicó que el caso Pandora II consiste en la sustracción de L288,016,175.00 del erario público durante el período 2010-2014, mediante la suscripción de convenios simulados para dar apariencia de legalidad, cuyo objeto declarado eran proyectos sociales de reducción de la pobreza y generación de empleo.
Las pericias financieras del Ministerio Público determinaron que al menos L62,026,784.44 de esos fondos fueron utilizados en la campaña política de Juan Orlando Hernández.
Uno de los señalamientos más graves del comunicado de la PGR apunta directamente a la actuación de un juez de ejecución, según la institución, el 12 de agosto de 2026, cuando el Ministerio Público ofrecía los medios de prueba de cargo.
Entre ellos el testimonio de Fernando Suárez testigo principal del caso, quien manejaba las fundaciones que recibieron los fondos y que los desvió para pagar actividades de la campaña de Hernández, un juez de ejecución con competencia nacional lo puso en libertad de manera unilateral, sin audiencia ni notificación a las partes, sin asignarle seguridad pese a su condición de testigo protegido, sin consignar dirección alguna y sin establecer medidas para permitir su ubicación.
Además, fue liberado sin pagar la multa de L288,016,175.00 impuesta a favor del Estado, “Con esa decisión, a la acusación le es quitado el testigo clave», señaló la PGR en su comunicado.
La PGR también denunció que el juez de la causa excluyó más de la mitad de los medios de prueba documental propuestos por la acusación, rechazando 22 de los 38 presentados, equivalentes al 58% de la carga probatoria.
