La sanción de L146 millones 457 mil 720 impuesta por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, UFTF, al excandidato presidencial Salvador Nasralla, equivale a una cantidad que difícilmente puede dimensionarse sin una comparación con el ingreso de un trabajador hondureño, tomando como referencia el salario mínimo de L13,985.16 utilizado por la propia UFTF para calcular las sanciones electorales, un trabajador que recibiera ese salario y destinara absolutamente todo su ingreso a pagar la multa necesitaría aproximadamente 873 años para reunir los L146.4 millones, sin gastar un solo lempira en alimentación, vivienda, transporte, salud o cualquier otra necesidad.
La cifra corresponde a una sanción que, según la UFTF, fue impuesta por la falta de notificación oportuna de 21 aportaciones privadas superiores a 120 salarios mínimos, cuyo monto conjunto habría ascendido a L73 millones 228 mil 860, la resolución estableció una multa equivalente al doble de ese valor, llegando exactamente a L146 millones 457 mil 720, la autoridad informó además que el pago deberá realizarse mediante recibo de la Tesorería General de la República y que Nasralla puede interponer un recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral dentro del plazo establecido.
Para dimensionar todavía más la cantidad, L146.4 millones equivalen a más de 10,470 meses de un salario de L13,985.16, es decir, casi 87 décadas de ingresos completos, una comparación que evidencia la enorme magnitud económica de la sanción, aunque debe aclararse que esto no significa que un trabajador tenga que pagarla, sino que se utiliza su ingreso mensual únicamente como referencia para dimensionar el monto, mientras el caso de Nasralla corresponde a un procedimiento administrativo de fiscalización y la resolución puede ser impugnada.
Nasralla, por su parte, rechazó los señalamientos y anunció que ejercerá su defensa jurídica, sostiene que presentó su informe financiero en tiempo y forma y que las observaciones corresponden a aspectos documentales que serán respondidos por su equipo legal, mientras la UFTF sostiene sus hallazgos y ha señalado que el expediente puede ser remitido a otras instituciones para las actuaciones que correspondan, por lo que el dato de los L146 millones 457 mil 720 representa actualmente una sanción administrativa que todavía puede ser objeto de los recursos legales previstos.
