Tras un mensaje publicado en su cuenta de X, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), justificó la sanción del Decreto Legislativo No. 58-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, mediante el cual ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) un nuevo escrutinio y el conteo de votos y actas de las elecciones del pasado 30 de noviembre.
Sin embargo, Castro no acepta la declaratoria oficial del CNE ni reconoce la derrota de su excandidata presidencial, Rixi Moncada del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Denuncias de los nacionalistas
Nacionalistas denunciaron estas acciones como ilegales. El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, calificó la acción como una falta grave y directa contra la legalidad “Al sancionar un decreto ilegal, aprobado en una sesión ilegal, sin quórum y sin los votos necesarios, usted se convierte en cómplice”, expresó Tomás, exigiendo que se respete la declaratoria del CNE y se inicie de inmediato la transición democrática con la entrega del poder al ganador de las elecciones, el presidente electo de Honduras Nasry Asfura.
Declaraciones de nacionalistas
Asimismo, la diputada y designada presidencial electa, María Antonieta Mejía, afirmó que la presidenta no está defendiendo la democracia, sino que “la instrumentaliza, debilita y atropella”, señalando que el decreto representa una intervención política que socava la voluntad expresada en las urnas.
A estas voces se sumó la diputada electa del Partido Nacional, Sara Zavala, quien advirtió que “el tiempo se acabó” y recordó que “el poder no es eterno ni hereditario”. Zavala asegura que Honduras exige alternancia y respeto al mandato popular, responsabilizando a Xiomara Castro de profundizar la crisis política y de poner en riesgo la institucionalidad democrática de Honduras.
Además, el presidente de la Juventud del Partido Nacional de Honduras (PNH), Cristian Midence, sentenció a Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), al perder el respaldo en las urnas, “se dedica a entorpecer la transición democrática y a violentar la Constitución”, al negarse a aceptar a las nuevas autoridades electas de forma constitucional.
