La abogada afro-feminista y defensora de derechos humanos, Naamá Ávila, respondió públicamente a un comentario hecho por María Fernanda Vásquez, hija del general retirado Romeo Vásquez Velásquez, sobre el principio de presunción de inocencia.
María Fernanda, en un comentario en redes sociales, había cuestionado un video antiguo de Ávila alegando que, como abogada, esta debía «ser objetiva» y recordar que «se es inocente hasta que se demuestre lo contrario».
Ante esto, Naamá Ávila publicó un video de más de seis minutos en el que agradece el comentario, pero aclara que dicho principio no aplica en el caso del exjefe militar, dado el contexto histórico y jurídico que lo vincula directamente con el golpe de Estado de 2009.
“El principio de presunción de inocencia rige en el ámbito penal, no se aplica en abstracto ni automáticamente a todos los señalamientos políticos o históricos. En el caso de Romeo Vásquez, su participación en el golpe ha sido reconocida y condenada por organismos internacionales como la OEA, ONU, CIDH y la Corte Interamericana”, argumentó Ávila.
La activista aclaró que su análisis no es un ataque personal, sino una valoración desde el derecho internacional sobre la investidura de Romeo Vásquez como jefe de las Fuerzas Armadas que lideró una ruptura del orden democrático.
Además, Ávila hizo un llamado a tener rigor jurídico al participar en debates públicos:
“Cuando se cita el derecho como base para intervenir en el debate, hay que hacerlo con honestidad, precisión y contexto. No se puede usar la presunción de inocencia como escudo ante hechos históricos ampliamente verificados”.
En su mensaje final, Ávila reiteró que entiende el amor filial de María Fernanda hacia su padre, pero que ese afecto no puede convertirse en una negación de la verdad jurídica:
“Defender a un padre es comprensible. Pretender que su rol en un golpe de Estado es intocable, no lo es. Y si quieren hablar de derecho, hay que conocer justicia, memoria y verdad”.
Con firmeza y claridad, la abogada concluyó que este no es un tema de ideología política, sino de coherencia con los principios democráticos que rigen al Estado de derecho.
