La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, publicó un análisis en su cuenta de X en torno a la figura del juicio político y su papel dentro del sistema democrático hondureño.
En el texto titulado “¿Juicio político o revancha política?”, la abogada expone que el juicio político constituye una herramienta legítima dentro de la democracia, orientada a preservar el equilibrio entre los poderes del Estado y garantizar la responsabilidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.
El juicio político como herramienta de control democrático
Gabriela Castellanos señala que, en el plano teórico, este mecanismo funciona como un instrumento de control democrático frente a actuaciones de funcionarios que puedan comprometer la legalidad, la ética pública o la estabilidad institucional.
Sin embargo, también advierte sobre el riesgo de que esta figura sea utilizada con fines partidarios dentro del escenario político, lo cual podría distorsionar su naturaleza y convertir el proceso en un mecanismo de confrontación política.
Gabriela Castellanos alerta sobre uso partidario del mecanismo
En su publicación, la titular del CNA subraya que el juicio político posee carácter político y no penal, aunque enfatiza que su aplicación debe desarrollarse bajo principios jurídicos claros y respetando garantías fundamentales, entre ellas el debido proceso y el derecho a la defensa.
Asimismo, plantea la necesidad de que cualquier procedimiento de esta naturaleza contemple la participación plural de las fuerzas políticas dentro del Congreso Nacional, con el objetivo de evitar que el proceso derive en prácticas de persecución o represalia política.
Gabriela Castellanos también advierte que el uso indebido del juicio político podría afectar la credibilidad institucional y debilitar el Estado de derecho, especialmente si el mecanismo se convierte en una herramienta de confrontación entre actores políticos.
El análisis concluye con un llamado a que el Congreso Nacional ejerza sus facultades con prudencia, rigor jurídico y responsabilidad institucional, al considerar la relevancia histórica que tiene el manejo de este tipo de mecanismos dentro de un sistema democrático.
