La Secretaría de Finanzas (Sefin) tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para trasladar a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) el dinero y los activos financieros incautados que permanecen bajo custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), de acuerdo con el Decreto Legislativo 269-2026, publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
La normativa ordena centralizar esos recursos, incluidos depósitos bancarios, títulos valores, intereses, rendimientos financieros e inversiones, mediante transferencias electrónicas u otros mecanismos oficiales. El procedimiento deberá ejecutarse en coordinación con la OABI y las instituciones financieras.
Uno de los aspectos relevantes es que el traslado podrá realizarse incluso cuando todavía no exista una sentencia firme que declare la privación definitiva del dominio o el decomiso de los bienes. Sin embargo, los fondos deberán permanecer debidamente identificados para garantizar su eventual restitución si una resolución judicial favorece a sus propietarios.
El decreto también establece que las instituciones beneficiarias podrán utilizar un procedimiento especial de contratación para adquirir bienes y contratar obras o servicios, bajo las obligaciones de control, fiscalización y rendición de cuentas. La disposición excluye expresamente los recursos incautados en el caso de Koriun Inversiones.
¿CÓMO SE DISTRIBUIRÁN LOS RECURSOS?
Esta disposición complementa el Decreto Legislativo 227-2026, que reformó el artículo 78 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito y estableció la distribución anticipada de hasta el 100 % de los activos líquidos incautados entre instituciones de seguridad y justicia.
De acuerdo con esa reforma, la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad recibirán un 25 % cada una; el Ministerio Público y el Poder Judicial, un 15 % respectivamente; la OABI, un 10 %; mientras que la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación y la Agencia Nacional Contra el Crimen recibirán un 5 % cada una.
La reforma también establece que el Estado deberá garantizar la devolución de los recursos cuando así lo ordene una autoridad judicial, además de contemplar mecanismos de respaldo financiero y control para proteger los derechos de los propietarios legítimos y terceros de buena fe.
Con la publicación del Decreto 269-2026, queda establecido el mecanismo para concentrar los activos incautados en la Cuenta Única del Tesoro y facilitar su posterior traslado a las instituciones contempladas en la reforma legal.
