Fiscales que laboran en la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), luego de concluir la etapa de investigación de una denuncia, determinaron presentar requerimiento fiscal contra varios exempleados del Instituto de la Propiedad (IP), por la supuesta comisión de varios delitos penales en perjuicio de la administración pública y del derecho a la propiedad de las municipalidades de Santos Guardiola, Roatán y Útila.
Los procesados son: Jorge Alberto Medina Corrales, ex oficial legal de la Dirección General de Regulación Predial del Instituto de la Propiedad, a quien se le supone responsable a título de autor directo de treinta delitos de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública, Marco Tulio Luque, ex jefe de la Unidad de Catastro y Geografía de la zona Noroccidental del IP, a quien se le supone responsable a título de autor directo de quince delitos de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública.
Según la FETCCOP, los anteriores, que trabajaron en la capital, San Pedro Sula e Islas de la Bahía, han sido acusados después de que se encontraran indicios de responsabilidad penal en 15 expedientes administrativos de Títulos de Propiedad en Dominio Pleno registrados en el IP.
Los fiscales determinaron que las solicitudes y tramitaciones de dichos títulos tenían irregularidades, incluyendo falta de cumplimiento de requisitos legales, contenidos falsos en dictámenes técnicos y planos sin fecha de elaboración. Los servidores públicos, según el requerimiento fiscal, fundamentaron sus decisiones con declaraciones y documentos falsos.
Las certificaciones para inscribir los Títulos de Propiedad en Dominio Pleno otorgados por el IP fueron emitidas por la abogada Sybil Aney León en su condición de Directora General del IP, según el requerimiento fiscal.
Las quince solicitudes de Regularización de la Propiedad de Inmuebles mediante el mecanismo de Equiparamiento al Dominio útil de la Ocupación por más de cinco años se hicieron efectivas en el año 2009 ante las oficinas del IP en Tegucigalpa.
Se propusieron como únicos testigos para todas las solicitudes a dos personas, cuyos testimonios resultaron ser falsos según las investigaciones criminales.
Los bienes inmuebles están situados en José Santos Guardiola, Roatán y Útila, y al ser inscritos a nombre de particulares, afectan los intereses de las comunas referidas, así como tierras nacionales, incluidas las del aeropuerto de Islas de la Bahía.
