El diputado del partido Libertad y Refundación (LIBRE), Jari Dixon Herrera, confirmó que, tras 16 años de lucha judicial, ha ganado una demanda laboral contra el Estado de Honduras por su destitución del Ministerio Público ocurrida en noviembre de 2009, durante el contexto del golpe de Estado.
“Yo fui destituido en el 2009, si me dan ganas me vuelvo otra vez al MP, ojalá que me nombren fiscal anticorrupción”, expresó el diputado en declaraciones recogidas por medios nacionales, entre ellos Radio América y Une TV.
Dixon explicó que el proceso legal ha sido extenso, con al menos cuatro sentencias una en su contra y tres a su favor y que su caso se ha confundido en la opinión pública con otras demandas colectivas presentadas por exjueces o magistrados destituidos durante administraciones pasadas.
“Fui despedido el 30 de noviembre de 2009, y he tenido que esperar 16 años para obtener justicia. Aún no he visto la sentencia final, y tengo que hablar con el abogado Fredin Funes, que ha llevado el caso desde el inicio”, detalló el congresista.
Aunque no se ha hecho público el monto oficial de la indemnización, trascendió en medios que el Estado deberá pagar más de 12 millones de lempiras por concepto de sueldos caídos, costas judiciales y compensación por su destitución ilegal.
Dixon fue uno de los fiscales destituidos tras el golpe de Estado, y su caso no fue incluido en las demandas resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de otros jueces en situaciones similares. Su proceso ha sido independiente y nacional.
“Me pareció raro que dijeran que eran 100 millones, eso no calza con los 16 años. Yo apenas me estoy enterando. Lo importante es que se reconoció que mi despido fue injusto”, comentó.
El congresista no descartó regresar al Ministerio Público si se diera la oportunidad: “Para aquellos que no les gusta verme como fiscal ahí en el Ministerio Público, ojalá me nombren fiscal contra la corrupción”, agregó con tono irónico.
