En un comunicado emitido el Ministerio Público (MP) de Honduras se identificó a sí mismo como «el nuevo Ministerio Público», una denominación que no pasó desapercibida y que enciende alertas sobre la independencia institucional del único ente acusador del Estado hondureño.
La frase, aparentemente inocua, carga un significado político que no puede ignorarse, su aparición en un comunicado oficial llega en el contexto del cambio de gobierno que llevó al poder al presidente Nasry Asfura a inicios de 2026, y coincide con una reciente reestructuración en la Dirección de Comunicaciones del MP, que renovó cuadros en esa área estratégica de la institución.
Dos hechos que, sumados al uso de ese calificativo, dibujan una imagen preocupante para quienes observan con atención el comportamiento de la institucionalidad hondureña.
El Ministerio Público no es una secretaría de Estado ni un organismo dependiente del Ejecutivo.
Es, por mandato constitucional, un ente autónomo, independiente de los poderes del Estado, cuya misión es ejercer la acción penal pública en representación de la sociedad hondureña y no de ningún partido político ni administración de turno.
Eso significa que su actuación debe ser exactamente la misma independientemente de quién gobierne el país.
