El exsecretario de la Presidencia, Ebal Díaz, reaccionó este martes a la decisión judicial que favoreció al expresidente Juan Orlando Hernández, quien recibió un sobreseimiento definitivo en el caso Pandora II.
A través de sus redes sociales, Díaz publicó un breve mensaje tras conocerse la resolución: “¡Justicia! Y aún falta”, sin entrar en mayores detalles sobre el alcance de la decisión.
El pronunciamiento se produjo luego de que un juez dictara el sobreseimiento definitivo para Hernández, quien enfrentaba acusaciones por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos relacionados con el supuesto manejo irregular de fondos públicos.
De acuerdo con el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, el juez consideró que durante la audiencia no se logró acreditar la trazabilidad del dinero que, según la acusación, habría terminado vinculado al financiamiento de la campaña política.
La Fiscalía había solicitado que se dictara auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra el exmandatario, mientras que su defensa había pedido precisamente el sobreseimiento definitivo.
Finalmente, la resolución judicial dejó sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre Hernández y se anunció la emisión de su carta de libertad definitiva.
El expediente se remonta a una investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), que señaló el presunto desvío de más de 288 millones de lempiras mediante convenios y desembolsos dirigidos a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.
En el caso de Hernández, la acusación sostenía que parte de esos recursos habría llegado a estructuras vinculadas al financiamiento de su campaña política.
La defensa, por su parte, presentó 31 medios de prueba documentales y un testigo, mientras que el Ministerio Público aportó 16 documentos, un testigo y tres pericias.
Según el Poder Judicial, las pericias no permitieron establecer que el presupuesto cuestionado estuviera bajo la administración directa de Hernández, sino que correspondía al Poder Ejecutivo de la época.
La resolución todavía puede ser impugnada mediante un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción, en caso de que alguna de las partes no esté de acuerdo con el fallo.
