Diputada Isis Cuéllar ha mandado mensaje a sus bases para justificar recursos económicos entregados desde sedesol

La polémica por el manejo de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) sigue escalando y salpicando a más figuras del partido oficialista Libre.

En las últimas horas ha salido a la luz un audio en el que William Castellanos García, candidato a alcalde por el municipio de Veracruz, Copán, y militante de Libre, admite haber recibido ayuda valorada en 100 mil lempiras en láminas y cemento, gestionada directamente por la diputada Isis Cuéllar.

En la grabación, Castellanos quien figura en la posición número 37 de una lista de supuestos beneficiarios relata que Cuéllar lo contactó tras estallar el escándalo, y le pidió que no hiciera “bulla” sobre el tema. El objetivo de ese llamado, según él, fue evitar que se profundizara la controversia mediática y política.

Castellanos también sugiere en el audio que los recursos asignados por Cuéllar no se entregaban completos. Aunque oficialmente se gestionaban 100 mil lempiras por beneficiario, en algunos casos como el suyo solo se entregaban ayudas valoradas en 20 mil lempiras. Esto ha generado fuertes sospechas de malversación y uso discrecional de fondos públicos, presuntamente canalizados desde SEDESOL.

La diputada Cuéllar, según testimonios cercanos, ha estado enviando mensajes a sus bases intentando justificar los recursos, al mismo tiempo que muestra preocupación por las consecuencias legales y políticas que podrían alcanzarla. El temor se ha intensificado luego de la reciente destitución de José Carlos Cardona, exministro de SEDESOL, lo que ha despertado rumores de que Cuéllar podría ser la próxima en ser investigada o apartada de su cargo.

Hasta el momento, Cuéllar continúa en su puesto como diputada del Congreso Nacional, sin que se haya anunciado oficialmente ninguna acción en su contra por parte de las autoridades.

Diversos sectores ciudadanos y políticos han exigido al Ministerio Público que actúe de oficio, y que este caso no quede en la impunidad, debido a la gravedad del posible desvío de fondos públicos destinados a asistencia social.

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