La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido una decisión que podría afectar drásticamente el futuro migratorio de más de 55,000 hondureños amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). Aunque el fallo está relacionado con un caso de venezolanos, sienta un precedente que permite a la administración retomar medidas para eliminar esta protección para otros países, incluido Honduras.
El TPS para los hondureños vence el próximo 5 de julio de 2025, y expertos en migración advierten que las probabilidades de renovación son bajas, dada la postura de la administración actual que ha expresado su intención de reducir el programa al mínimo.
¿Qué implica esta decisión de la Corte Suprema?
La Corte concedió una solicitud de suspensión presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que permite al gobierno mantener su plan de terminar el TPS mientras se resuelve el proceso de apelación. Esta decisión se basa en una solicitud presentada en el caso Kristi Noem, Secretaria del DHS v. Svitlana Doe, proveniente del Distrito de Massachusetts. Aunque no menciona directamente a Honduras, el precedente legal podría aplicarse al TPS de cualquier nacionalidad.
Traducción del documento clave de la Corte Suprema:
La solicitud de suspensión presentada a la jueza Jackson y referida por ella al pleno de la Corte es concedida. La orden del 15 de abril de 2025, emitida por el Tribunal del Distrito de Massachusetts (caso No. 1:25-cv-10495), queda suspendida mientras se resuelve la apelación ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, y, si se presenta una solicitud oportuna, hasta que se decida una petición de certiorari (revisión) por esta Corte. Si dicha solicitud es negada, la suspensión terminará automáticamente. Si es concedida, la suspensión finalizará cuando se emita el fallo final de la Corte Suprema.
La jueza Ketanji Brown Jackson, junto con Sonia Sotomayor, expresó su disenso, señalando que esta suspensión no considera adecuadamente el daño irreparable que enfrentan las personas protegidas por el TPS.
“Lo que está en juego no es solo un documento, sino familias, empleos y vidas construidas durante décadas”, advierten defensores de derechos migratorios.
