Un presunto perjuicio económico de 1,131 millones de lempiras fue identificado por la Comisión Técnica Liquidadora en seis instituciones de la administración anterior, cuyos hallazgos fueron remitidos al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para las investigaciones correspondientes.
El comisionado coordinador, Ángel Mendoza, informó que se presentaron 10 líneas de investigación respaldadas con documentación. Advirtió que el monto podría aumentar conforme avance la revisión de los expedientes.
Entre los hallazgos expuestos figuran transferencias superiores a 230 millones de lempiras vinculadas con cajas rurales de ahorro y crédito, más de 10 mil bienes adquiridos por Sedecoas sin actas de entrega y 110 contratos de obras que, según la comisión, fueron pagados anticipadamente en su totalidad, sin que se haya determinado la ejecución efectiva de todos los proyectos.
También se reportaron transferencias cercanas a 60 millones de lempiras a una ONG cuya dirección registrada presentaba inconsistencias, así como diferencias entre los registros de migrantes retornados y los beneficios reportados por un programa de asistencia.
Por su parte, el comisionado Mario Celín Simón indicó que las instituciones examinadas administraron alrededor de 27 mil millones de lempiras durante los cuatro años anteriores. La comisión sostiene que su supresión permitirá reducir gastos administrativos y liberar recursos para áreas como salud, educación, infraestructura y seguridad, aunque todavía no precisó el ahorro definitivo.
En cuanto al proceso de liquidación, Mendoza informó que registra un avance del 90 %. Tres instituciones completaron su cierre en octubre, Convivienda prevé concluir a mediados de noviembre, mientras que Sedecoas, Red Solidaria y Proasol continuarían sus procesos hasta el 31 de diciembre.
La comisión también señaló que mantiene pendiente la atención de obligaciones con exempleados y proveedores que presenten la documentación requerida. Las posibles responsabilidades derivadas de los hallazgos deberán ser determinadas por el Ministerio Público y el TSC.
