Mediante declaraciones, la diputada Claudia Ramírez afirmó que la Constitución de la República no puede quedar supeditada a decisiones administrativas ni a bloqueos políticos, señalando que la democracia no se suspende por la omisión deliberada de una imprenta estatal. A su criterio, cuando el fondo de un acto es legítimo y la forma ha sido obstruida, corresponde defender la legalidad y no silenciarla.
Ramírez explicó que, si bien los decretos establecen su vigencia a partir de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, dicha obligación se ve afectada cuando la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) incurre —según denunció— en cierres deliberados, retenciones políticas y negativas injustificadas para permitir la impresión de documentos oficiales.
argumentos de Claudia Ramírez sobre legalidad
En ese contexto, recordó que el constituyente previó escenarios de crisis institucional y, por ello, incorporó el artículo 221 de la Constitución, el cual habilita formas alternativas de promulgación cuando los plazos legales se ven obstaculizados. Según Ramírez, esta disposición protege la continuidad del orden democrático ante bloqueos administrativos.
Asimismo, sostuvo que el Pleno del Congreso Nacional es la máxima autoridad del Poder Legislativo y que la extensión del período legislativo es válida si fue aprobada en sesión legal, con quórum y votación verificable. Enfatizó que el cierre o bloqueo de La Gaceta no invalida los actos legislativos cuando estos han sido difundidos conforme a mecanismos constitucionales alternos.
defensa institucional de Claudia Ramírez
Finalmente, Ramírez subrayó que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para autorizar, vetar o impedir decisiones internas del Congreso, advirtiendo que lo contrario supondría una subordinación indebida entre poderes del Estado. También recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es un ente autónomo y que la Constitución fue diseñada para evitar que se frene la institucionalidad por intereses políticos coyunturales.
