El Congreso Nacional aprobó por unanimidad reformas a la legislación penitenciaria que crean un régimen especial de reclusión para las personas capturadas por su presunta pertenencia a organizaciones declaradas terroristas, como parte del paquete de medidas que el país impulsa contra el crimen organizado.
Las modificaciones endurecen drásticamente las condiciones de reclusión: contemplan aislamiento, celdas individuales, vigilancia permanente y permanencia obligatoria en centros penitenciarios de máxima seguridad.
Uno de los cambios más severos limita a una hora semanal el tiempo que estos reos podrán salir al patio o tomar el sol, de forma individual o en grupos de máximo dos personas y siempre bajo vigilancia, además de exigirles el uso de una vestimenta especial que permita identificar su régimen.
Las visitas familiares quedarán restringidas a casos excepcionales y requerirán autorización judicial o del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario (INP), y cuando se autoricen, deberán realizarse sin contacto físico. Las visitas conyugales o íntimas quedan completamente prohibidas para quienes estén sujetos a este régimen, mientras que el ingreso de abogados solo se permitirá bajo supervisión de las autoridades penitenciarias.
En cuanto a las comunicaciones, se restringe el acceso a celulares, computadoras, televisores, radios y cualquier equipo que facilite contacto no autorizado. Los reos bajo este régimen tendrán derecho a una sola llamada al mes, de máximo 10 minutos, grabada y supervisada, y únicamente hacia números previamente autorizados. La correspondencia escrita también quedará sujeta a revisión.
El paquete legislativo modifica además el Código Procesal Penal para eliminar las medidas sustitutivas en el caso de personas capturadas por presunta pertenencia a estas organizaciones, quienes deberán permanecer en prisión preventiva en centros de máxima seguridad mientras avanza el proceso judicial.
Las reformas también permiten que ciertas capturas se consideren en flagrancia aunque, al momento de la detención, la persona no esté ejecutando directamente una acción criminal, y contemplan la creación de juzgados especializados para atender estos casos.
