Una denuncia formal presentada ante el Ministerio Público ha encendido las alarmas en el Instituto Nacional de Migración (INM) y en la Cancillería de la República. El caso involucra al asesor del vicecanciller de Política Exterior, Gerardo Torres, identificado como Ramón Espinoza, quien supuestamente ofreció un soborno de mil dólares por persona a un funcionario del INM a cambio de facilitar el ingreso de ciudadanos de nacionalidad india al país.
Según la denuncia revelada por el medio ICN Investiga, el denunciante afirma haber recibido el ofrecimiento y, tras rechazarlo, puso en conocimiento de su jefe inmediato lo ocurrido, quien le recomendó presentar la denuncia correspondiente. Se adjuntaron documentos al expediente para respaldar la acusación.
La gravedad del caso radica, según expertos, en que el INM “no midió el peso de una declaración, tomando en cuenta el cargo de los dos”, es decir, subestimó la seriedad de la acusación considerando que involucra a altos funcionarios de dos instituciones estatales: el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta frase señala la responsabilidad institucional de actuar con contundencia ante acusaciones de corrupción, especialmente cuando se trata de personas en puestos de influencia.
Gerardo Torres responde
Consultado por ICN Investiga, el vicecanciller Gerardo Torres confirmó que tiene conocimiento de la denuncia y de la implicación de su asesor Ramón Espinoza, a quien describió como “un colaborador del partido Libre desde la juventud” y actual asesor por contrato.
“No puedo decir que es mi mano derecha, eso es bastante subjetivo”, comentó Torres. También reconoció que Espinoza fue advertido para que se presentara a declarar ante las autoridades, pero restó importancia al hecho al comparar la denuncia con una acusación sin fundamento: “Es como que a usted lo acusen de ofrecerme dinero para publicar una nota”.
Torres agregó que en su despacho no se ha gestionado ninguna solicitud relacionada con el ingreso de ciudadanos extranjeros y afirmó que Cancillería no tiene la capacidad de intervenir directamente en trámites migratorios sin respaldo de Migración.
A pesar de la seriedad de la denuncia, Espinoza permanece en su cargo, lo que ha generado cuestionamientos sobre la voluntad institucional de sancionar posibles actos de corrupción.
Reacciones
Organizaciones de sociedad civil han comenzado a pedir una investigación exhaustiva y transparente. Consideran preocupante que un caso como este sea tratado con indiferencia por parte de quienes están llamados a velar por la integridad del servicio público.
