La Secretaría de Derechos Humanos, que paradójicamente existe para proteger las libertades fundamentales de los hondureños, emitió una circular interna en la que ordena a sus propios empleados seguir, monitorear y compartir el contenido de sus redes sociales oficiales — y lo hace con carácter obligatorio.
La Circular SEDH-01-2026, firmada por la titular Leda Izethe García Pagán, no deja margen de duda: todo el personal, desde directores hasta técnicos administrativos, tiene plazo hasta el cierre de esta semana laboral para unirse a las plataformas digitales de la institución. No es una sugerencia. Es una orden.
El documento va más lejos al exigir que los funcionarios no solo sigan las cuentas, sino que interactúen y compartan activamente el contenido institucional, bajo el argumento de «maximizar la difusión de campañas de promoción de derechos fundamentales.»
La circular advierte que el cumplimiento de esta directriz forma parte de los deberes del servidor público, respaldándose en el Artículo 37 de la Ley de Servicio Civil.
En otras palabras: la institución encargada de defender los derechos humanos en Honduras le está ordenando a sus trabajadores qué seguir, qué leer y qué compartir en redes sociales — y lo llama deber de cooperación.
