A través de múltiples denuncias en plataformas digitales, se ha señalado que empleados públicos están siendo obligados a participar en la marcha convocada por el Partido Libertad y Refundación (Libre) este próximo 30 de agosto en San Pedro Sula.
Las denuncias incluyen capturas de supuestos mensajes internos en los que se ordena a los trabajadores asistir de forma obligatoria y llevar acompañantes, ofreciendo además un pago de 250 lempiras para comida por cada persona adicional.
Gobierno y este tipo de prácticas no es nuevo. Organizaciones civiles recuerdan que en ocasiones anteriores también se ha denunciado la presión hacia servidores públicos para asistir a actividades políticas del oficialismo.
Analistas consideran que la decisión de impulsar masivamente esta marcha responde a la contundente movilización realizada recientemente por las iglesias evangélicas y católicas en todo el país, la cual evidenció un fuerte músculo social de rechazo a varias decisiones del actual Gobierno.
Por otra parte, voces críticas señalan que el liderazgo del ministro de Gobernación, Tomás Padilla Sunseri, carece de legitimidad, ya que en el pasado enfrentó procesos judiciales que ponen en entredicho su credibilidad y capacidad para convocar a la ciudadanía.
La polémica se mantiene abierta y la ciudadanía exige aclaraciones, así como el respeto a los derechos de los empleados públicos, quienes no deberían ser obligados a participar en actos de carácter partidario.
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