Recientemente, El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), Tomás Vaquero, por suponerlo responsable de los delitos de administración desleal del patrimonio público y violación de los deberes de los funcionarios.
La denuncia surge tras un hallazgo de irregularidades en la ejecución de proyectos que involucraron más de 103 millones de lempiras, distribuidos entre seis Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y empresas vinculadas a la administración de la SGJD.
La investigación del CNA reveló que el esquema de corrupción operó bajo una aparente legalidad durante los años 2022 y 2023, con la participación de ONG que ejecutaron proyectos de infraestructura menor, ayudas sociales y becas, pero cuyos procesos estuvieron marcados por clientelismo político y favoritismo hacia determinados actores vinculados a la exgerente administrativa de la Secretaría.
Entre las ONG involucradas destacan Asociación Ayudando con Amor, que ejecutó dos proyectos en Choluteca; Asociación Hondureña para el Desarrollo Integral Sostenible Manos Amigas (AHDISMA), encargada de 22 proyectos en Francisco Morazán, La Paz y Choluteca; y el Centro para la Sostenibilidad Comunitaria de Honduras (CESCOH), que administró 18 proyectos en Ocotepeque, Atlántida y Francisco Morazán.
También se encontraron irregularidades en la Asociación para la Educación, Inclusión Social y Desarrollo Saint John y en la Asociación para el Desarrollo Social y Comunitario de Honduras y Asociación Hondureña para el Desarrollo Comunitario Sostenible (ASOHDECOS).
El CNA determinó que el esposo de la exgerente administrativa figuraba como apoderado legal de las ONG, mientras que la cuñada de la funcionaria aparecía en las juntas directivas, confirmando los vínculos familiares con la Secretaría. Además, se detectaron conexiones entre las empresas contratistas y los representantes de las ONG, lo que permitió que los mismos actores se alternaran en la adjudicación de proyectos y compras menores dentro de la SGJD.
Entre las irregularidades documentadas se encuentran proyectos que, aunque fueron realizados, no cumplían con los fines para los que fueron destinados, y en algunos casos no eran funcionales para las necesidades de la población en las comunidades beneficiadas.
Asimismo, algunas ONG no se ajustaron a las resoluciones aprobadas por la Secretaría de Finanzas para la ejecución de los proyectos, lo que refleja un control inadecuado de los recursos públicos.
La denuncia presentada también incluye a los representantes de las ONG, empresas y contratistas individuales que formaron parte de este esquema de corrupción, quienes podrían enfrentar cargos por su participación en el manejo irregular de los fondos y la ejecución de proyectos sin cumplir con los lineamientos legales y técnicos establecidos.
Finalmente, el CNA advirtió que el esquema permitió que el Congreso Nacional tuviera influencia directa sobre la selección de proyectos y ONG beneficiarias, consolidando un mecanismo de clientelismo político que afectó la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos en la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. Esta acción representa un llamado a fortalecer la supervisión y control de la inversión pública en Honduras.
