Mediante declaraciones ofrecidas a un medio local, el abogado y analista Gustavo Solórzano expresó su preocupación por el uso de aproximadamente 3,800 millones de lempiras asignados al llamado fondo social, advirtiendo que estos recursos podrían estar reproduciendo prácticas de clientelismo político.
Solórzano recordó que en el pasado el fondo departamental también fue objeto de críticas y que ahora, con la existencia de este nuevo esquema, prácticamente todo el dinero queda a disposición de los diputados, quienes solicitan su autorización para ser canalizado a través de instituciones como la Secretaría de Desarrollo.
A su juicio, resulta alarmante que muchos de estos fondos terminen siendo otorgados a personas sin necesidades reales, según denuncias que incluso han sido verificadas por medios de comunicación en el departamento de Copán, evidenciando un patrón de utilización política de los recursos públicos.
Finalmente, Solórzano hizo un llamado al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público para investigar de forma inmediata y transparente el destino de estos fondos, señalando que la ciudadanía merece saber si estos recursos realmente llegaron a las comunidades o si fueron utilizados para beneficiar intereses electorales de algunos candidatos en busca de reelección.
