La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, presentó una grave denuncia ante el Ministerio Público, relacionada con doble votación por parte de 283 ciudadanos en el municipio de Liure, El Paraíso, quienes según explicó no utilizaron el sistema biométrico durante las elecciones primarias e internas de 2025.
“Voy a denunciar la doble votación en el municipio de Liure, por 283 ciudadanos que no utilizaron el sistema biométrico”, expresó Barahona, señalando que su visita al Ministerio Público tenía dos objetivos principales: denunciar formalmente el delito electoral y presentar pruebas de amenazas recibidas en su contra durante el proceso judicial.
La funcionaria explicó que el expediente en cuestión forma parte de cuatro expedientes acumulados, relacionados con la elección de diputados por el departamento de El Paraíso, específicamente del Partido Liberal de Honduras. Según detalló, desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) se autorizó el cruce de cuadernillos de votación entre el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación (Libre), confirmando que las 283 personas votaron por ambos partidos.
Barahona recordó a la ciudadanía que el voto debe ejercerse de manera individual y legítima. “Usted tiene la obligación de ir a ejercer su sufragio, pero solo una vez, en la Junta de Recuento de Votos que le corresponde. No puede hacer ese voto transportado turístico”, advirtió.
En cuanto a las amenazas, la magistrada explicó que fue la única en recibirlas debido a que fue designada como ponente del expediente por el Pleno de Magistrados del TJE. “Pretendían que yo no expusiera esta situación. Jamás estaría cometiendo ningún delito penal ni encubriendo un ilícito”, afirmó.
La denuncia fue presentada en el Módulo de Recepción de Denuncias del Ministerio Público, acompañado por varios tomos de pruebas documentales y audiovisuales, incluidos videos y grabaciones telefónicas con amenazas a su integridad.
Barahona también reveló que el Tribunal ha presentado alrededor de 15 oficios ante el Ministerio Público por irregularidades en las elecciones primarias, incluyendo anulación de votos y modificación de actas, hechos que, según indicó, no reflejan la voluntad popular.
